LA DIMENSION ECONOMICA DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE
- APUNTES PARA UN DEBATE
Guhl Nannetti
Ernesto
Bogotá, marzo 25 de 2003
2
INDICE
1. INTRODUCCION______________________________________ 7
2. LA NATURALEZA Y LA ECONOMIA _______________________ 8
3. LOS RECURSOS NATURALES SON BIENES LIBRES?_______ 15
4. LA NECESIDAD DE LA PRESENCIA DEL ESTADO__________ 16
5. EL MEDIO AMBIENTE EN LA CONSTITUCION DEL 91 _______ 21
6. LA VALORACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS
NATURALES ___________________________________________ 24
7. CONCLUSION________________________________________ 27
3
RESUMEN
El artículo comienza planteando las relaciones entre la naturaleza y la economía y
explora las limitaciones que tiene la teoría económica clásica como instrumento
para enfrentar el manejo sostenible de los bienes y servicios ambientales. Señala
la insuficiencia y lo inadecuados que son los mecanismos de mercado para este
propósito y pasa a señalar la necesidad de la intervención estatal para realizar la
gestión ambiental y la asignación correcta de los bienes y servicios ambientales a
la luz de los intereses públicos.
A continuación se refiere a la concepción del medio ambiente que se establece en
la Constitución de 1991 y a las implicaciones que tiene ésta sobre el papel del
Estado en el manejo y la asignación equitativa de los recursos naturales. Luego se
centra en el tema de los métodos de valoración de estos recursos y en las
herramientas de que dispone el Estado para realizar una gestión ambiental
enmarcada en los principios constitucionales y en el objetivo de lograr una
sociedad más justa y sostenible.
Termina expresando la necesidad de un cambio de paradigma que transforme el
actual predominio de las visiones economicistas, sobre todas las demás
categorías para asegurar la sostenibilidad.
4
ABSTRACT
The article begins explainig the relations between economy and environment and
exploring the limitations of the clasic economic theory for the sustainable
management of environmental goods and services. It stresses the insufficiency
and inadequacy of the market mechanisms for this purpose, and the need of the
intervention of the state to insure the correct distribution of environmental goods
and services considering public interest and sustainability.
Then it refers to the conception os natural resources and environment in the 1991
Constitution and to the role that it assignes to the state in their management and
administration. It enters then to the subject of valuation of environmental goods
and services and in the identification of the tools that the state has in order to
administer them in accordance with the basic constitutional principles, in the
search of a sustainable society.
It ends by stating the need of changing of the dominant paradigm in order to
introduce the concept of sustainability , changing the short term market econmy
vision.
5
PALABRAS CLAVE
Desarrollo – Ambiente – Economía – Impacto – Sostenibilidad
KEY WORDS
Development – Environment – Economy – Impact - Sustainability
6
BIBLIOGRAFIA
Ashworth, William,
1995.
Bell, Simon & Stephen Morse,
Ltd., Londres, 2000.
Guhl Nannetti, Ernesto, Eduardo Wills Herrera
gestión ambiental regional y local
Macías Gómez, Luis Fernando,
1998.
Panayotu, Theodore,
Suzuky, David,
Vancouver, 1999.
Wackernagel, Matis & Rees, William, Our ecological footprint, New Society
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7
LA DIMENSION ECONOMICA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
- APUNTES PARA UN DEBATE
Guhl Nannetti
Ernesto
1. INTRODUCCION
Desde la aparición del hombre sobre la tierra y durante muchos milenios, su
capacidad de alteración de la naturaleza fue prácticamente insignificante en
comparación con el potencial del mundo natural de suministrar los recursos y
servicios ambientales requeridos por la humanidad. Pero a partir de la revolución
industrial ésta capacidad de alteración aumentó extraordinariamente, hasta el
punto en que el sistema económico comenzó a superar los límites de su entorno
natural.
Los recursos naturales son finitos y los llamados renovables, por que ofrecen la
posibilidad de reproducirse indefinidamente, pueden dejar de serlo ya que son
sumamente frágiles. Al crecer la presión del sistema económico sobre ellos, de
forma muy acelerada y continua, se ha comenzado a sobrepasar el umbral que
hace posible su renovación. Cada vez con mayor frecuencia se encuentran
situaciones específicas de demandas tan exageradas por esta clase de recursos,
que empiezan a dar señales de agotamiento.
Además de poner en peligro el stock de recursos, tanto renovables como no
renovables, estas presiones excesivas ponen en peligro la oferta de servicios
8
ambientales básicos para la vida y la actividad humanas, que están
indisolublemente ligados al funcionamiento de los ecosistemas y a los ciclos
naturales del planeta.
El modelo de desarrollo imperante, basado en el ideal del crecimiento continuo y
en el consumo desmedido, está en clara contradicción con los procesos naturales
y con la capacidad de soporte de la naturaleza. Pero además fortalece posiciones
asimétricas y consolida relaciones de poder que se basan en el inequitativo
reparto de los beneficios y de los costos ambientales.
2. LA NATURALEZA Y LA ECONOMIA
Los recursos naturales se incorporan a la economía de manera directa como
materias primas. Por ejemplo los recursos forestales que suministran maderas,
fibras, frutos, resinas y material genético, los bancos de peces, los minerales, los
hidrocarburos y el agua; en fin todos aquellos recursos que, provenientes de la
naturaleza, se incorporan a la actividad productiva para ser transformados en
energía o en bienes intermedios y de consumo final.
Pero también la naturaleza suministra servicios básicos para la supervivencia
humana y en general para la estabilidad planetaria. Los ecosistemas boscosos,
por ejemplo, cumplen una función primordial en la regulación de los sistemas
hidrológicos; absorben y retienen cantidades importantes de CO
con el resto del material vegetal y el plancton oceánico, la concentración de
2 y regulan, junto
9
carbono en la atmósfera y el consecuente efecto invernadero. Son además el
soporte de una amplia biodiversidad, con los múltiples beneficios que de ella se
derivan para la agricultura, la industria farmacéutica y en general para todas las
actividades productivas que aprovechan principios activos naturales o las que
hacen uso de la biotecnología y a la ingeniería genética.
En fin, los ecosistemas boscosos son mucho más que simples proveedores de
maderas. Constituyen un conjunto complejo del cual se derivan múltiples
productos y servicios para la actividad económica en su conjunto y para la vida
social.
El agua constituye otro ejemplo evidente de la participación de la naturaleza en las
actividades económicas y en las condiciones de bienestar de la sociedad. Sin este
recurso vital, simplemente no podríamos sobrevivir. Pero tampoco, podríamos
disponer de alimentos, ni de energía hidroeléctrica, ni de transporte fluvial y
marítimo, ni disponer nuestros residuos haciendo uso de la capacidad de
autopurificación de los cuerpos de agua y del ciclo hidrológico.
Por su parte la atmósfera, además de ser imprescindible para las formas de vida
superiores, es esencial en los procesos de combustión y por tanto soporte de un
sistema económico basado en esta forma de generación de energía. Además
presta el servicio de recepción de los gases de desecho tanto de los seres vivos
como de los procesos productivos. Se dice con razón que el agua se ha
10
convertido en un bien esencial para la vida y el desarrollo, que cada es vez más
escaso y costoso. El aire lo es todavía en mayor grado, ya que vivimos en el fondo
de un océano de aire y sin el en un corto lapso moriríamos. Sin embargo, dada su
aparente abundancia, no existe una conciencia clara sobre este hecho y sobre la
necesidad de su conservación.
Finalmente el ambiente incide directamente sobre innumerables condiciones de
nuestro bienestar. Si está aceptablemente limpio, nos proporciona condiciones de
salud adecuadas y satisface múltiples requerimientos de disfrute recreativo y
cultural. En caso contrario, cuando está deteriorado, el ambiente se constituye en
factor de malestar social e individual.
El punto inicial que debe resolverse es el de que la teoría económica clásica parte
de la concepción del sistema de producción como uno abierto y lineal, al que
llegan de fuera flujos inagotables de recursos y salen los de deshechos sin que se
tenga en cuenta de donde llegan, para donde salen, ni que efectos producen. En
cambio el sistema natural es un sistema cerrado en el que se cumplen ciclos
integrados, que no tienen generación de residuos inútiles pues se aprovechan
íntegramente y cuyo único insumo externo es la energía solar. Esta diferencia en
la concepción de los ciclos naturales y económicos, nos lleva a la conclusión de
que el ideal economicista del crecimiento continuo es totalmente antinatural y por
lo tanto no es sostenible. Cómo es posible hacer compatibles estas dos visiones
divergentes?
11
Los gráficos 1 y 2 presentan estas dos visiones y los supuestos de que parten
cada una de ellas.
Gráfico 1
Visión de la economía tradicional
Sistema abierto
Adaptado de: Mathis Wackernagel y William Rees.
SISTEMA
ECONOMICO
ENERGIA Y
MATERIALES RESIDUOS
12
SUPUESTOS BASICOS
•
El sistema económico es el centro
•
gratuitos
Los flujos de recursos y de servicios ambientales se asumen infinitos y
•
La producción de residuos puede ser ilimitada pues siempre se disipará
•
Los precios no reflejan la disponibilidad de recursos y servicios ambientales
Gráfico 2
Visión desde la Ecología
Sistema cerrado
Adaptado de: Mathis Wackernagel y William Rees.
RESIDUOS
RECURSOS
NATURALE
S
SISTEMA
ECONOMICO
RECURSOS
NATURALES
ECOSFERA
ENERGIA SOLAR
SERVICIOS
AMBIENTALES
13
SUPUESTOS BASICOS
•
La ecoesfera es limitada
•
El sistema económico es una parte de la ecoesfera
•
degrada. Segunda Ley de la Termodinámica.
Recibe energía del exterior para mantener su potencial, pues la que se usa se
•
medida
Los residuos entran en ciclos que son funcionales y aprovechables en buena
•
la economía tradicional
Otra de las grandes limitaciones que enfrenta la economía clásica para incorporar
las variables ambientales dentro de sus análisis se relaciona con la inclusión del
tiempo como variable determinante. De manera convencional el análisis
económico recurre para tal efecto a la aplicación de tasas de descuento para
hacer comparables valores expresados en distintos momentos. De esta forma se
introduce el concepto de la preferencia por los beneficios en el presente y en el
aplazamiento de los costos hacia el futuro.
En términos de la aplicación de este concepto de temporalidad para efectos del
análisis del desarrollo sostenible aparece una restricción central. Las tasas de
descuento reflejan las preferencias de las personas por el comportamiento de las
Los recursos y los servicios ambientales tienen límites y están y están fuera de
14
variables económicas en el tiempo; pero estas preferencias son exclusivamente
las de la generación presente. Si recordamos que el desarrollo sostenible
incorpora la satisfacción de necesidades de las generaciones futuras, no aparece
claro todavía la forma en que las preferencias de esas futuras generaciones se
pueda expresar mediante indicadores que, como la tasa de descuento, se
construyen exclusivamente con base en los comportamientos de las generaciones
actuales.
La visión ambiental implica un enfoque sistémico y complejo de la realidad, en el
cual lo económico es apenas una de las múltiples dimensiones que interactúan
para configurarla. Sin embargo, la actual aproximación totalizante, basada en el
predominio arrollador de lo económico, produce el resultado contrario; es decir que
lo ambiental ha pasado a convertirse en una categoría residual, perdiendo su
carácter de variable dominante, originada en su estrecha relación con la vida y con
la armonía. ¿Lograremos cambiar los valores y los ideales acerca de los patrones
de comportamiento y de consumo antes de que sea demasiado tarde?
Tal como estos, son todavía muchos los interrogantes que están formulados en
términos de la aplicación del análisis económico para evaluar problemas
ambientales. Igualmente son muchos los retos que debe enfrentar la economía
para garantizar sus propias condiciones de existencia en un escenario en donde
uno de sus componentes básicos, los recursos naturales, son cada vez más
escasos y por tanto tienen cada vez un mayor valor económico.
15
3. LOS RECURSOS NATURALES SON BIENES LIBRES?
Como se ha visto, el medio natural determina en buena medida las condiciones
de funcionamiento de la actividad económica y está íntimamente relacionado con
la calidad de la vida y el bienestar social. Sin embargo en términos generales los
distintos bienes y servicios que suministra la naturaleza han sido entendidos como
bienes libres. Como “mercancías” que no tienen un precio de mercado, porque no
se consideran escasas y porque no requieren el uso de factores escasos de
producción para crearlas. La aproximación tradicional ha sido considerar que la
oferta ambiental es infinita.
Un ejemplo típico de esta clase de bienes libres es el aire. Sin embargo, desde la
condición actual ya nos preguntamos: ¿es el aire–en condiciones adecuadas para
satisfacer las necesidades vitales de la población- un recurso infinito en Santiago
de Chile, en Ciudad de México, en Los Angeles o en Bogotá? ¿No se requiere
emplear cada vez más recursos escasos para garantizar la disponibilidad del aire
puro en estas ciudades?
La falsa concepción del ambiente y de los recursos naturales dentro de la
categoría de bienes libres define una equivocada relación sociedad - naturaleza y
se constituye en uno de sus principales factores de degradación y agotamiento.
16
Los bienes y servicios ambientales en general se incorporan a las decisiones
económicas pero, en la medida en que se entiendan como bienes “libres”, no lo
hacen a través de las reglas del mercado. El acceso a ellos se considera sin
restricciones y su escasez–cada vez más evidente- no se refleja en una elevación
de precios, simplemente porque muchos de estos precios no existen. Los
recursos y servicios ambientales se usan de manera indiscriminada, sin que
ningún mercado envíe señal alguna acerca de su escasez relativa. Es posible
estar cerca a su absoluta desaparición y el mercado no dice nada al respecto.
De las reflexiones precedentes sobre los beneficios que reportan los bienes y
servicios ambientales se deriva la conclusión clarísima de que tienen un alto valor
económico en la medida en que satisfacen necesidades humanas, condicionan los
niveles de bienestar y son cada vez más escasos. A pesar de ello, no tienen un
precio de mercado simplemente porque el acceso a ellos no está mediado por
mercado alguno. Si su comportamiento no está regido por un mercado natural, mal
se puede esperar que su eficiente asignación quede determinada por un mercado
libre.
4. LA NECESIDAD DE LA PRESENCIA DEL ESTADO
Frente a la situación planteada, la sociedad configura distintas opciones para
regular el comportamiento humano con respecto a estos recursos y servicios. El
más tradicional de estos instrumentos y posiblemente el más sólido es el cultural,
surgido desde lo más profundo del ser humano, cuando aún su relación con la
17
naturaleza se ubicaba en el campo de lo sagrado y su capacidad de alteración del
entorno natural era relativamente irrelevante en comparación con su resilencia.
En el mundo actual éste debería ser un determinante de gran importancia, que se
manifestara en una cultura colectiva que valorara y pusiera en práctica una
relación respetuosa y sostenible con la naturaleza, en la que las tasas de uso
de sus recursos y servicios, no sobrepasaran su capacidad de regeneración.
Pero las presiones que ejerce el modelo económico dominante son tan fuertes que
no es factible esperar mucho tiempo hasta que se consolide una cultura ambiental
adecuada que, dicho sea de paso, el mismo modelo tiende a distorsionar. Se debe
seguir propendiendo para que ella avance y se consolide en el mediano y en el
largo plazo, pero paralelamente es necesario tomar medidas con resultados
inmediatos.
La actuación del Estado se constituye entonces en una necesidad imperativa para
evitar conductas agotadoras del ambiente o para inducir cambios de
comportamiento frente a la naturaleza, ya que de otra manera se verá reducir cada
vez más aceleradamente las posibilidades de lograr formas de desarrollo
sostenibles.
Frente a esta situación se han diseñado distintos instrumentos directos, orientados
a establecer normas de comportamiento ambiental y a desarrollar, con diversos y
a veces cuestionables niveles de éxito, los mecanismos requeridos para hacer
18
cumplir estas normas de comportamiento obligatorio por la vía coercitiva. Como
resultado, quienes están cumpliendo con la norma lo hacen más por temor a la
sanción que por asumir el problema como parte de su propia responsabilidad. En
términos generales, la experiencia mundial indica que este enfoque de “comando y
control” ha demostrado ser poco eficaz. En algunos casos porque, a pesar de
alcanzarse los objetivos buscados, el costo en que se incurre para lograrlo es
demasiado alto, o por la presencia de la corrupción, y en otros por la escasa
capacidad del Estado para asumir los complejos procesos de regulación y control
del cumplimiento de las regulaciones derivado de este tipo de estrategia de
gestión ambiental.
Con base en estas restricciones, se pueden identificar las siguientes herramientas
principales de intervención del Estado.
Los instrumentos económicos, orientados a asignarle su real valor al ambiente y a
los recursos naturales, que buscan producir cambios en el comportamiento de las
comunidades y los usuarios.
Los instrumentos jurídicos y normativos, que establecen limitaciones y
procedimientos, procurando que las normas sean simples y transparentes,
entendibles por toda la ciudadanía, estables en el tiempo, de aplicación gradual y
que se ajusten a las realidades económicas, sociales y ambientales del país.
Los mecanismos de regulación directa, para asegurar el cumplimiento de la
normatividad ambiental mediante el establecimiento de estándares tecnológicos,
de calidad ambiental y de concentración de residuos entre otros.
19
Los mecanismos administrativos y de planeación, como las licencias ambientales,
el diagnóstico ambiental de alternativas y los permisos para el aprovechamiento
de los recursos naturales renovables.
Dentro de estas opciones de instrumentos de política, los gobiernos han decidido
asignar una alta prioridad a los instrumentos económicos para la gestión
ambiental, ya que si el estado no interviene para asignarle un valor a los recursos
naturales y a la calidad del ambiente, de tal forma que las decisiones de la
economía reconozcan su valor, se continuará tratándolos como bienes libres.
Ninguna fuerza regulará su asignación y seguirá su uso desmedido sin reconocer
los evidentes límites que tienen en el mundo natural.
En el caso de los recursos renovables, su uso desmedido tiene implicaciones
evidentes. Si se extraen del medio para satisfacer los requerimientos del aparato
económico a una velocidad mayor que su tasa de regeneración natural, tarde o
temprano desaparecerán. Paradójicamente, los recursos renovables se
convierten en no renovables, como es el caso de los bosques, precisamente por
las altas tasas de extracción a las que están siendo sometidos.
Como se señaló antes, se debe reconocer una característica intrínseca de estos
recursos: su gran fragilidad. Si bien es cierto que los recursos no renovables no se
regeneran, tienen una ventaja: los únicos factores que inciden sobre su
disponibilidad para la economía son la extracción de las reservas disponibles y las
20
labores de investigación para detectar nuevas reservas. En el caso de los recursos
renovables la situación es bien distinta. Si bien es cierto que poseen una
capacidad de regeneración natural, lo que podría hacerlos teóricamente
inagotables, tienen la característica de ser extremadamente frágiles frente a las
presiones a las que son sometidos.
Esta fragilidad se expresa con dramática evidencia en la existencia misma de los
recursos renovables. Cuando se hace uso inadecuado de ellos, su disponibilidad
no solo se altera por efecto del impacto directo de la extracción. Una alteración del
equilibrio ecológico puede rápidamente conducir a situaciones críticas que
comprometen su existencia, a pesar de que ni siquiera se hayan incorporado
sustancialmente a la actividad económica.
Para poner un ejemplo, recordemos la crítica situación que enfrentan los
manglares de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Más que impactos directos de
las actividades extractivas, su deplorable estado fue determinado por las
alteraciones del patrón natural de los flujos hídricos, las que no se causaron por
una sobre-explotación de los recursos de la Ciénaga, sino por un absoluto
desconocimiento sobre los impactos negativos de decisiones aparentemente sin
relación en ellos, tales como la construcción de vías. El resultado final se puede
expresar en términos económicos. El valor de la Ciénaga –incluyendo desde su
papel determinante en las condiciones de existencia de recursos biológicos tanto
en su propio entorno como en general el mar aledaño, hasta la incidencia sobre
21
las condiciones de bienestar de quienes simplemente disfrutan su paisaje, no fue
tenido en cuenta por ninguno de los tomadores de decisiones que incidieron en su
estado actual. Explícita o implícitamente, quienes tomaron dichas decisiones
estaban asignándole un mayor valor a los beneficios de las mismas que a los
costos ambientales que implicaban. Todo ello sin que el mercado se encargara de
enviar señales adecuadas para alertar sobre estos costos.
Como resultado de esta imprevisión y falta de conocimiento, el proyecto de
recuperación de la Ciénaga le ha costado al país alrededor de 15 millones de
dólares. Esta cifra viene a representar el costo de no haber incorporado criterios
ambientales en las decisiones tomadas en el pasado en materia de construcción
de vías.
Ante situaciones de esta naturaleza, no sobra reiterarlo, el Estado tiene que jugar
un papel cada vez más activo para incidir sobre las decisiones de mercado de los
actores económicos, incluyendo por supuesto sus propias actuaciones como
tomador de decisiones.
5. EL MEDIO AMBIENTE EN LA CONSTITUCION DEL 91
Sin entrar a analizar los cuestionamientos éticos del modelo de desarrollo vigente,
ni sus características como los niveles de crecimiento económico, la evolución de
los niveles de pobreza, la distribución de la riqueza, etc.; en lo que no parece
haber ninguna duda es en los altos riesgos que genera la utilización de este
22
modelo en materia de preservación de un activo esencial para el futuro como lo es
el patrimonio natural, que es parte esencial de la base real de las posibilidades de
desarrollo.
Si se acepta que este patrimonio es parte fundamental de los activos económicos
de un país, la medición del su nivel de desarrollo debe ampliarse para incorporar
variables que reflejen el comportamiento del patrimonio natural. ¿Está la economía
realmente creciendo a las tasas que reporta el convencional indicador del
Producto Interno Bruto? O por el contrario, ¿se estarán manteniendo esas tasas
de crecimiento a costa del sacrificio del patrimonio natural?
Plantear este interrogante de hecho constituye un gran avance en términos de la
orientación de la gestión económica. Si no se logra construir y operar un sistema
de indicadores económico - ambientales, no será posible saber si el nivel de
ingreso nacional crece como resultado de un proceso real desarrollo de la
economía; o si simplemente se está generando la ficción de ver aumentar los
ingresos como resultado del consumo del capital natural. Si esta ocurriendo esto
último, lo cual es altamente probable, el país se comportaría como una empresa
que vende sus instalaciones y sus equipos productivos para presentar un mejor
balance.
Reconociendo este escenario, en la última década se han tomado importantes
decisiones colectivas en nuestro país. La constitución de 1991 marca un hito
23
trascendental al incorporar el concepto del desarrollo sostenible como forma de
desarrollo que debe adoptar el país.
A juicio de los expertos constitucionalistas, este enunciado tiene amplias
implicaciones en términos de la política de desarrollo. Al respecto el exmagistrado
Eduardo Cifuentes Muñoz conceptúa que este mandato constitucional
“Señala los criterios con los cuales el Estado, como
representante de todos, debe manejar el patrimonio común
conformado por los recursos naturales. Se establece, en
efecto, que es su deber promover de manera planeada el
aprovechamiento de los recursos naturales para conseguir el
desarrollo y mejorar la calidad de vida de las generaciones
presentes, pero que al mismo tiempo, su manejo y
aprovechamiento deben ser racionales, de modo que se
mantenga la potencialidad del medio ambiente para satisfacer
las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras
Para efectos de la gestión, la planificación y el pensamiento estratégico son
elementos esenciales para que el Estado pueda avanzar hacia formas de
desarrollo sostenibles.
1”
24
Los anteriores planteamientos llevan implícita la intervención del Estado en el
comportamiento de la economía. Al respecto la Constitución de 1991 ordena la
intervención estatal en la orientación, dirección y manejo lógico-racional de todas
las relaciones e interacciones de la comunidad en procura del interés común y
formula además que la búsqueda de este interés común, debe pasar por la
conciliación de intereses sociales económicos y ecológicos cuando establece en
su artículo 339, de manera obligatoria, que en el Plan Nacional de Desarrollo se
debe incluir la política ambiental al mismo nivel que la económica y la social
2.
6. LA VALORACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
En este terreno las disciplinas económicas tienen que jugar un papel fundamental.
Deben enfrentar el reto de identificar el valor económico real de los bienes y
servicios ambientales aún sin disponer del tradicional instrumento de medición
económica: el precio de mercado. Para tal efecto la economía moderna ha venido
desarrollando una amplia variedad de técnicas de valoración de bienes y servicios
ambientales.
Aunque la calidad del ambiente y la disponibilidad de recursos en la naturaleza no
se expresen directamente en un mercado real, de todas formas sus impactos
sobre la actividad humana sí tienen implicaciones que pueden expresarse
directamente en los mercados.
1
Mundo Editores, Ediciones Uniandes, 1995, p.121.
Citado por Julio Cesar Rodas, Fundamentos Constitucionales del Derecho Ambiental Colombiano, Tercer
2
Ibíd, p.122.
25
Por ejemplo, la pérdida de la calidad de la atmósfera por efecto de la
contaminación incide en las condiciones de salud de la población. Al respecto se
pueden identificar por lo menos dos tipos de variables susceptibles de ser
analizadas desde una perspectiva económica: los costos del tratamiento de las
enfermedades y las pérdidas de productividad de las personas enfermas.
En el caso de la contaminación del agua sucede algo similar. Sin embargo aquí los
costos económicos derivados de la contaminación pueden ser identificados de una
manera más amplia. No solo hay pérdidas en la productividad del trabajo humano
por efecto de las enfermedades, sino que los procesos productivos mismos se ven
seriamente afectados por usar aguas contaminadas.
Todos estos impactos negativos sí pueden ser valorados económicamente, porque
se encuentran expresados en un mercado. De esta forma surge una opción de
valoración de la calidad del ambiente, aunque ésta no se exprese directamente en
términos monetarios.
Otra modalidad de gran interés para asignarle valor a la calidad del ambiente se
refiere a la incidencia que ella tenga sobre el valor de los activos estrictamente
económicos. Al respecto se han desarrollado las técnicas con el sugestivo nombre
de identificación de precios hedónicos. Mediante técnicas estadísticas se identifica
la incidencia de distintas cualidades de cierto bien, por ejemplo la finca raíz,
incluyendo dentro de ellas la calidad ambiental del entorno en donde está
26
localizado el bien. Esta técnica ha sido aplicada en muchos países para estudiar el
valor económico de la contaminación por ruido generada por los aeropuertos o por
las vías; el costo del ruido se expresa en la disminución del precio de la finca raíz.
En el entorno académico mundial se han venido desarrollando muchas técnicas
que buscan relacionar las condiciones del ambiente con mercados realmente
existentes. De esta forma, al evaluar estos mercados, se está identificando de
manera indirecta el valor del ambiente.
Pero también existen otras técnicas para identificar, de manera directa, el valor
que la población le asigna a los recursos renovables y al medio ambiente. Al
respecto se consolidan cada vez los métodos de valoración contingente,
orientados a percibir directamente las preferencias de la sociedad en relación con
los bienes y servicios ambientales. Para ello se recurre a indagar en la población
sobre estas preferencias, solicitándole que las exprese en un mercado hipotético.
El pensamiento económico está adquiriendo cada vez más conciencia sobre la
importancia de asumir estos retos en relación con la valoración del ambiente. De
esta forma la teoría económica amplía cada vez más sus opciones de aportar a la
construcción de modelos de desarrollo sostenible que combinen los objetivos
estrictamente económicos, con objetivos sociales y ambientales. De todas formas
este es un camino que apenas se inicia y quedan todavía muchos interrogantes
por resolver.
27
7. CONCLUSION
Estas ideas señalan que la preponderancia de una visión economista a ultranza en
la toma decisiones, como es el signo de los tiempos actuales, puede conducir a
decisiones peligrosas, insuficientes y erradas. Si bien es cierto que las
herramientas de la teoría económica convencional aportan elementos de juicio
muy valiosos para orientar la toma de decisiones de desarrollo, también lo es que
ellas por sí solas no son suficientes para acertar en el camino hacia el desarrollo
sostenible.
Ojalá que estas reflexiones sirvan de estimular el debate en la búsqueda de la
solución de uno de los problemas más críticos de nuestro presente y nuestro
futuro, como es la consolidación de una sociedad más equitativa y con formas de
vida más acordes con su entorno. En realidad se trata de enfrentar el problema de
la supervivencia social en el tiempo mejorando la calidad de vida, para lo cual es
necesario que el diálogo entre la economía y el ambiente, es decir que el vínculo
entre la política económica, la política social y la política ecológica, sea cada vez
más claro e indisoluble.
La conclusión, que se hace más evidente cada día, es la de que la solución a esta
situación de desequilibrio debe originarse en un cambio de paradigma basado en
un nuevo contrato social, en el que se replanteen la relación y la jerarquía entre
los derechos individuales y los derechos sociales, en el que se entienda que los
28
derechos y las responsabilidades deben ir de la mano y en el que se rescate y se
ubique en el más alto nivel el valor del interés colectivo y el sentido de lo público.
En el campo ambiental este nuevo paradigma se debe hacer evidente en la forma
de entender las funciones sociales y ecológicas de la propiedad, en el respeto a
los recursos naturales y al medio ambiente superando la visión simplista y
equivocada de que son bienes de libre acceso puestos a disposición del hombre
en el gran supermercado planetario, y entenderlos como partes del sistema en que
vivimos, como un todo limitado, armónico e interdependiente.
Así por ejemplo uno de los grandes inventos del siglo pasado que transformó las
formas de vida y liberó de las restricciones espaciales al individuo como es el
automóvil, puede convertirse en un enorme problema social y ambiental si se
utiliza inadecuadamente y de manera excesiva como ha ocurrido. Aquí debe
hacerse el balance entre los derechos individuales a la movilidad sin restricciones
y los derechos colectivos a disfrutar de un ambiente sano y a mantener un entorno
con dimensiones humanas, mucho más igualitario y propenso al disfrute de la vida
urbana.
La materialización de estos nuevos conceptos requiere cambios culturales
profundos que permitan la transformación de las actitudes y comportamientos de
la sociedad, mediante la apropiación de una visión diferente de su relación con la
naturaleza y de su papel en ella, lo cual es una tarea enorme y de largo plazo. En
29
el corto plazo, se requiere una diferente forma de gestión ambiental mucho más
proactiva e integral, que permita mediante el uso combinado de instrumentos
económicos, como los precios realistas de los recursos naturales y los cobros por
contaminación, una normatividad más estricta y moderna inspirada en el
predominio del bien común sobre el interés particular y el conocimiento y la
gestión a partir de lo local y lo regional, que es donde se materializan los
problemas ambientales, que seamos capaces de aprovechar y mantener las
ventajas y el potencial que nos resta de nuestro patrimonio ambiental colectivo
para superar las desigualdades y la pobreza.
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